Política pesquera

medio-siglo

Antón Losada

España dispone de 1.161 millones de euros a emplear en el periodo 2014-2020 para hacer efectivas las tres grandes líneas de actuación de su política pesquera: asesoramiento científico sólido, gestión pesquera dirigida a alcanzar el máximo rendimiento de los recursos a largo plazo y control estricto del cumplimiento de las normas.

Son siete años que a uno se le antojan un periodo de tiempo sumamente largo si, en la línea de lograr esos tres objetivos, no se cuenta de verdad con el sector.

Porque, aunque el Ministerio que dirige actualmente Isabel García Tejerina ha dicho en más de una oportunidad que su empeño principal es defender los intereses de la flota, en demasiadas ocasiones parece más dispuesto a obedecer aquello que al parecer es una prioridad para el Gobierno y que no es sino obedecer a pies juntillas lo que la UE propone, aunque en ello vaya la vida de miles de familias que dependen exclusivamente de la pesca para seguir viviendo.

Si para atender los planteamientos comunitarios, el Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero supo encontrar la vía del acuerdo por el que modificar la Constitución española -ahora casi inamovible para el Ejecutivo de Mariano Rajoy Brey- ¿qué obstáculos podrían encontrar en la actualidad los diputados y senadores para dar su apoyo a un Gobierno que, de vez en cuando, plante cara a un comisariado de Pesca que cada vez que da un paso lo hace en franco perjuicio del sector pesquero español y, por ende, de la más importante región pesquera de la Unión Europea, Galicia? Un perjuicio que, por supuesto, conoce sobradamente Europa y que, a lo que se ve, no tiene más allá de los Pirineos una especial relevancia.

Hay muchas más cuestiones que aquellas que se arrastran desde lo que, indudablemente, fue una insatisfactoria negociación de la integración de España en la CEE en materia pesquera. Buena parte de esa insatisfacción se ha venido acumulando desde el decisivo año 1986, cuando todo hacía presagiar que habría problemas para la flota española pero nunca tantos como los que se han venido planteando desde entonces y que ahora parecen irresolubles y que van desde las cortapisas a la igualdad en los derechos de acceso a caladeros y especies hasta el desigual reparto de TAC y cuotas, cuestión esta que se pone de nuevo sobre la mesa como ocurre cada año por estas calendas.

Mientras la política pesquera española dependa de forma tan evidente de lo que Bruselas decida, mala política será la que se aplique a España, estado miembro que ha dejado en el camino demasiados jirones de su potencial pesquero previo a la entrada en 1986 en la hoy problemática UE.

El Gobierno español sabe que las comunidades del Noroeste y el Cantábrico, junto con las del golfo de Cádiz, Canarias y el Mediterráneo observan con inquietud el futuro. Con más inquietud, todavía, de la que vienen soportando desde hace 28 años. Demasiados para tanta incertidumbre y sin que del propio sector haya salido algo más que meros amagos de protesta.

Cuando esta lo sea verdaderamente, quien gobierne en Madrid podrá conocer ciertamente lo que vale un pescado.

Link. http://www.laopinoncoruna.es

 

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