¿Están locos?

Antón Luaces.

España, como socio de la UE, tiene contraídos unas obligaciones y derechos que, obligatoriamente, ha de cumplir si quiere seguir formando parte de ese club de mercaderes en el que se integra desde hace ya 28 años. En materia de pesca es evidente que, de no haber entrado en la, entonces, CEE, España pasaría ahora una todavía más seria penuria que la actual por su falta tradicional de caladeros para la flota de fresco; pero nadie puede negar el trato hasta cierto punto discriminatorio que, como estado miembro de la UE, padece.

Si se echa un vistazo a la distribución del Fondo Europeo Marítimo Pesquero 2014-2020, se comprueba que la asignación a los países que cuentan con recursos pesqueros beneficia a España (1.161,62 millones de un total de 5.750 millones), lo que es un claro reconocimiento de la importancia que el sector tiene para este estado miembro; pero a la hora de aplicar los repartos de cuotas de los distintos TAC, ese reconocimiento no existe. Y, sin embargo, la CE no duda en mantener su habitual sistema de reparto primando a países que no llegan a consumir sus cuotas mientras que obliga a España a renegociar las asignaciones en una especie de ejercicio de “te doy si tú me das a cambio”.

La UE conoce perfectamente las debilidades de los países pesqueros europeos y conoce a la perfección que algunos de ellos no solo se benefician de su condición de país fundador sino que algunas de las pesquerías de su interés lo son, no por el consumo que sus ciudadanos hacen de las especies otorgadas, por el beneficio económico que las concesiones del Consejo de Ministros permiten a industrias locales que convierten en harina de pescado lo que otros estados miembros emplean para consumo en fresco de una ciudadanía cada vez más necesitada de las proteínas de la pesca.

Podrá argüirse que esta dependencia se corrige acudiendo a las importaciones, y España importa mucho más de lo que captura en los distintos mares en los que operan sus flotas; pero es que el parque nacional de pesqueros podría permitir -caso de que se revisaran los criterios de reparto de TAC y cuotas- que España capturase más y, de paso, aumentase el censo de trabajadores de este sector de la pesca.

El por qué no lo hace así la UE, a pesar de tantas reclamaciones en este sentido presentadas por los distintos Gobiernos españoles, no se entiende. Menos, todavía, cuando la negociación de acuerdos bilaterales por los que un país cede a España parte de su cuota es supervisada por Bruselas.

Link: http://www.laopinioncoruna.es

 

Esta entrada foi publicada en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Pesca. Ligazón permanente.

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